El llamado del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al Congreso para que declare el estado de calamidad en Rio Grande do Sul, pone de relieve la urgente necesidad de respuesta después de las desastrosas lluvias que azotaron la región sur del país. Con un saldo trágico de al menos 85 personas fallecidas y más de 130 desaparecidas, y con cerca de 150,000 personas desplazadas, la situación es desesperada, afectando a casi 500 ciudades en el estado.
La solicitud de Lula tiene como objetivo principal flexibilizar las restricciones fiscales para permitir una respuesta gubernamental ágil y efectiva en la recuperación. La ministra de Planificación, Simone Tebet, reconoce la dificultad de calcular los costos totales de los daños, que solo se podrán evaluar completamente cuando las aguas retrocedan y se tenga una imagen clara de la magnitud del desastre.
Testimonios como el de Flavio Rosa, residente de Canoas, destacan la dimensión sin precedentes de la tragedia, describiéndola como algo nunca antes visto. Aunque el clima ha dado un respiro temporal, las previsiones indican la posibilidad de más lluvias en los próximos días, lo que agrava aún más la situación de las comunidades afectadas y dificulta las labores de rescate y recuperación.
Además de las pérdidas humanas y materiales, la economía local enfrenta un duro golpe. Varios sectores, como la industria cárnica y petrolera, han sufrido interrupciones significativas en sus operaciones, y el cierre del aeropuerto internacional de Porto Alegre añade más obstáculos a los esfuerzos de ayuda y reconstrucción.
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